Con el propósito de que los procesos políticos y electorales sean mejores y se adecuen a los tiempos de la sociedad actual, la Misión de Observación Electoral, MOE, sostuvo una reunión con todos sus coordinadores regionales en la que evaluaron la actual coyuntura política y electoral del país.

Las recomendaciones de la MOE se enfocaron hacia el Congreso de la República, y una de las peticiones fue la de hacerle reformas al Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Registraduría Nacional.

“Esto con el objetivo de resolver los problemas evidenciados en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales, y generar mayor certeza y confianza en los resultados en cada una de las etapas de los comicios; así como mayores garantías de transparencia para las organizaciones y partidos políticos”, reportó la MOE.

Otra reforma que recomendaron tiene que ver con el sistema de partidos, particularmente en la implementación de las listas cerradas, con alternancia y que sean paritarias.

“El actual sistema de partidos no promueve la democracia interna, no es incluyente, y facilita el ingreso de recursos ilegales e ilícitos a las campañas políticas”, declaró Alejandra Barrios, directora de la MOE.

La Misión también se refirió a la participación política de los funcionarios públicos, se reiteró la importancia elevar la reglamentación en diferentes categorías, una para gobernadores, otra para ministros, alcaldes y demás funcionarios de entidades públicas.

Otro de los puntos analizados fue el de las coaliciones políticas, la MOE afirmó: “Los problemas que han surgido por la ausencia de reglamentación son cada vez más graves, en la medida en que se incrementan las incertidumbres sobre cómo deben operar estas frente al funcionamiento en bancadas, la declaración política (de Gobierno, de oposición o independientes), la financiación y la responsabilidad política”.

Concluyeron, entre otros temas, en las siguientes recomendaciones específicas al Congreso: trabajar en la violencia contra la mujer en política, sobre la curul raizal, las competencias sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación y el diseño institucional electoral.